Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía están ganando cada vez más relevancia en el panorama energético actual. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estas comunidades tendrán cupos específicos en las subastas de Régimen Económico de Energías Renovables y reserva de capacidad en los nudos de la red eléctrica objeto de concurso. Este impulso busca fomentar la participación ciudadana en la producción, consumo y venta de energía renovable de forma colectiva, con el objetivo de proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que operan.
Una de las características principales de estas comunidades es su enfoque en el autoconsumo de energía renovable. En España, el autoconsumo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con una potencia instalada que se ha multiplicado por 20 desde 2018, superando los cinco gigavatios. Esto refleja el interés creciente de los ciudadanos en generar su propia energía de manera sostenible.
Un ejemplo concreto de una comunidad energética podría ser un pueblo que cuenta con instalaciones solares fotovoltaicas para el autoconsumo colectivo, vehículos eléctricos compartidos con puntos de recarga, calefacción centralizada de biomasa y solar térmica, y un sistema de gestión de la demanda de energía. Estas comunidades pueden abarcar diferentes ámbitos, como fuentes térmicas, soluciones de movilidad y eficiencia energética, siempre con un enfoque en la energía renovable.
Tanto las comunidades de energías renovables como las comunidades ciudadanas de energía comparten similitudes en su estructura y funcionamiento. Pueden adquirir distintas formas jurídicas, participar en mercados de energía eléctrica y deben estar integradas por un mínimo de cinco socios o miembros, sin que ninguno posea más del 51% de los votos. Estos socios pueden ser personas físicas, administraciones locales o empresas de pequeño tamaño.
Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la ubicación de los miembros en el caso de las comunidades de energías renovables. Según la propuesta legislativa del Ministerio, los socios deben estar situados en las proximidades de las instalaciones de renovables, con una distancia que varía según la población del municipio. En municipios pequeños o en riesgo de despoblación, se amplía el radio de actuación para facilitar la formación de la comunidad.
El apoyo a estas comunidades se refleja en la inclusión de cupos específicos en las subastas de Régimen Económico de Energías Renovables y la reserva de capacidad en los nudos de la red eléctrica. Además, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento destina una línea de apoyo específica para comunidades energéticas, con una dotación de 100 millones de euros.
En resumen, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía representan una oportunidad para la participación ciudadana en la transición hacia un modelo energético más sostenible. Con el respaldo del gobierno y el impulso de iniciativas como el Proyecto Estratégico para la Recuperación, estas comunidades tienen el potencial de generar beneficios ambientales, económicos y sociales para sus miembros y la sociedad en su conjunto.