La implementación de las sentencias de la Corte IDH sobre las comunidades garífunas en Honduras ha sido un proceso largo y lleno de desafíos. El compromiso del gobierno actual de Xiomara Castro de ejecutar estas obligaciones internacionales ha marcado un hito importante en la lucha por los derechos de estos pueblos originarios.
En abril pasado, cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital para exigir el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte IDH a favor de sus comunidades, así como un alto a la violencia que han enfrentado. Estas sentencias condenatorias han sido el resultado de años de lucha y resistencia por parte de los garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Desde 2015, los jueces internacionales han ordenado al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales de las comunidades garífunas, restituir territorios usurpados y tomar medidas de reparación. Sin embargo, los gobiernos anteriores hicieron caso omiso a estas sentencias, ignorando el estatus de pueblo originario de los garífunas.
La creación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) en marzo de este año ha sido un paso histórico en el proceso de implementación de las sentencias. Esta Comisión es el máximo órgano encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias a favor de las comunidades garífunas.
La juramentación de los integrantes de la CIANCSI y su instalación formal marcaron un momento significativo en la lucha por los derechos de los garífunas. El canciller Eduardo Enrique Reina, en representación de la presidenta Xiomara Castro, reafirmó la voluntad del gobierno de cumplir con las sentencias y resarcir el daño histórico causado a los pueblos garífunas.
El inicio de las labores de campo para la implementación de la Sentencia de la Corte IDH sobre la comunidad de Punta Piedra ha sido un hito importante en este proceso. Funcionarios estatales recorrieron el territorio de la comunidad para dar inicio al proceso de cumplimiento de la sentencia, que incluye saneamiento, restitución y recuperación de los territorios.
Este es solo el comienzo de un esfuerzo que deberá concretar la voluntad política de la presidenta Castro para hacer justicia a estas comunidades vulneradas. La historia de los garífunas es parte central de la historia hondureña, y su vida y cosmovisión enriquecen la Honduras multiétnica y multicultural que todos queremos construir.